PRENSA

El financiamiento de la educación superior se ha convertido en un tema de la mayor relevancia en la discusión pública nacional. Es preciso, entonces, abordar esta materia con rigurosidad, más allá de todo populismo.

La matrícula en la educación superior ha crecido fuertemente en los últimos años. Actualmente, un número cercano al millón de jóvenes cursa estudios en los distintos niveles e instituciones del sistema. Corresponde señalar que una alta proporción de ellos proviene de los estratos económicos menos favorecidos.

De hecho, siete de cada diez estudiantes que se están incorporando al sistema son en sus respectivas familias los primeros que acceden a la educación superior.

En el caso de nuestro país, el gasto público por estudiante en relación con el producto de la economía sigue siendo bajo. Entre los países de la OCDE, el nuestro es de aquellos que menos recursos públicos canaliza hacia la educación superior.

Se requiere incrementar el financiamiento estatal para aumentar los actuales niveles de ayudas estudiantiles. Ello permitiría seguir avanzando en el afán de posibilitar un efectivo acceso de los jóvenes de escasos recursos al sistema de educación superior y, a la vez, reducir las tasas de deserción que en estos segmentos son altísimas.

Las universidades tradicionales hacen grandes esfuerzos para contribuir a reducir la desigualdad existente en la sociedad. En los últimos diez años, la PUCV ha sido a nivel nacional la institución de educación superior que más recursos propios invirtió para ir en ayuda de los estudiantes más necesitados.

Junto con seguir favoreciendo el acceso y permanencia en la educación superior de los jóvenes provenientes de los quintiles más pobres, se requiere perfeccionar los sistemas de financiamiento para, de esa forma, aliviar la carga sobre las familias de los sectores medios.

Esa carga está asociada al costo de la educación superior, que provoca elevados niveles de endeudamiento en dicho segmento de la población.

Se requiere, además, aumentar el financiamiento basal del Estado a las universidades tradicionales. ¿Por qué a estas universidades? Porque ellas, junto con el ya mencionado esfuerzo para mejorar la movilidad social, realizan más del 90% de la actividad de investigación y postgrado en el país.

Ellas no solamente se dedican a la docencia, sino también a la investigación, al postgrado y a la difusión de la cultura. Basta con señalar que el 97% de los fondos concursables de investigación en Chile se lo adjudican las universidades del Consejo de Rectores. A pesar de ello, el financiamiento público para estas mismas instituciones no se ha recuperado de la fuerte disminución que experimentó en la década de 1980.

En consecuencia, parece evidente que la educación superior debiese tener una relevancia que no se le ha otorgado en las políticas públicas, considerando su impacto en el desarrollo del país y en el logro de una sociedad más justa.